«Un motín mayúsculo que hubiera podido tener fatales consecuencias». Así se refiere a mediados de 1901 Diario Liberal de Castellón a las consecuencias de «la informalidad de la empresa de la plaza de toros de esta capital», contraponiéndola a la respuesta del gobernador civil, el jienense Jerónimo Montilla, y del alcalde Julián Ruiz, sobrino de otro alcalde, Vicente Ruiz Vila, el impulsor del Puerto de Castellón.

Por su parte, Heraldo de Castellón aporta un relato más pormenorizado de los hechos y precisa los incumplimientos de la empresa. Por un lado, «decíase en los carteles que se pondrían bandejas en las puertas para entrar a la plaza a la voluntad y se encontró el público con que para ver el espectáculo se exigían 10 céntimos». Por otra parte, la compañía también fallaría a sus promesas «negando luego dos toros de los cuatro que se anunciaban».

Predispuesto el público en contra, al terminar la lidia de los dos primeros toros, al parecer alguien intenta desalojar la plaza con malos modos y el público «se sublevó (…), arrojó sillas al redondel, rompió la maroma, destrozó la valla y prendió fuego a las astillas de las barreras, de las sillas, etc». Así fue como un ruido «infernal» llegó fuera de la plaza, donde entre los curiosos y gente que huía de la plaza «apedreaban las puertas del circo, desprendiéndolas de los marcos a fuerza de pedradas y de golpes de los palos que blandían los amotinados». La «batalla» dura «más de una hora» y las fuerzas del orden dispuestas para el espectáculo se ven impotentes, «causándose destrozos en la plaza por valor de mil o mil quinientas pesetas». Alertado el gobernador, éste envía un piquete de la Guardia Civil, que se encuentra que «desde los corredores de los palcos» se arroja al público amotinado «una verdadera lluvia de piedras hiriendo más o menos considerablemente a varios sujetos». Finalmente, la Benemérita consigue separar a ambos bandos.

El asunto se salda con una multa de 500 pesetas impuesta al parecer por el gobernador a la empresa, y con un consejo de Heraldo al poncio: «que no autorice ningún espectáculo sin una buena garantía del cumplimiento de lo que se anuncia y que prohíba todo aquello que sea impropio de una capital de costumbres cultas».