Doce años después de finalizada la Guerra Civil, el alcalde Carlos Fabra Andrés informa a los castellonenses a través de Mediterráneo en julio de 1951 sobre una orden municipal por la que «se requiere a los propietarios de fincas que cuenten con boca de entrada» a los refugios de guerra, para que «con la máxima urgencia, dejen completamente libres y expeditas las entradas referidas». El propósito declarado por el Ayuntamiento de la capital es conocer «con toda exactitud y detalle el estado del subsuelo» a través del «personal técnico» del consistorio.