A comienzos de junio de 1936, a falta de solo mes y medio para el estallido de la Guerra Civil, las noticias políticas reflejan la gran tensión del momento. Así, al reseñar un pleno del Ayuntamiento de la capital, Heraldo de Castellón recoge el debate entre los concejales «sobre la iglesia de Santa Clara», en la actual plaza del mismo nombre. El 25 de mayo de 1934 se había autorizado la demolición del «Instituto Viejo» -sustituido en 1917 por el actual IES Francisco Ribalta. El 23 de octubre del mismo año, el Ministerio de Hacienda había facultado al consistorio para derribar “con aprovechamiento de materiales, el antiguo convento de Santa Clara”, para construir un edificio del Ministerio de Instrucción Pública, “excluyendo a la iglesia de dicho derribo”. De dicha exclusión surgiría el debate de junio de 1936.

En la sesión presidida por el alcalde Manuel Aragonés Cucala ante «bastante público», el concejal de Unión Republicana Vicente Gimeno Barbería propone que el consistorio pida a los diputados castellonenses en Madrid «un proyecto de Ley a fin de que el Estado ceda la plena propiedad del citado solar y de la indicada iglesia, para fines de utilidad pública». Por su parte, el socialista José Hernández Merlos, que al año siguiente ejercería como presidente de la Diputación, se suma a la propuesta «pero como teme que se tropiece con las mismas dificultades que otros ayuntamientos, dice que la clase trabajadora ya no puede esperar más, que desconoce nuestra burocracia y no se explica por eso la demora que sufren ciertas obras». Por ello, pide que mientras se llevan a cabo las gestiones con las Cortes, «se proceda al derribo de la Iglesia bajo la responsabilidad del Ayuntamiento pero retirándose antes las imágenes y objetos del culto». Y concluye: «sé que eso no lo permiten las leyes, pero para esta minoría no hay más ley que la Constitución, y ésta exige que se dé a los trabajadores una situación digna». Por su parte, desde Izquierda Republicana, Pascual Albella Cabello muestra su simpatía por ambas posibilidades.

Tras la insistencia del representante socialista, se da luz verde a la proposición de Gimeno Barbería «agregándose la del señor Hernández, que puesta a votación es aprobada por 9 votos contra 7». Según Heraldo, «el secretario advierte que el acuerdo es ilegal y que salva su responsabilidad». El alcalde Aragonés tercia entonces: «queriendo interpertar el espiritu de la proposición del señor Hernández, opina que éste quiso decir que no se vaya al derribo inmediato sino que se proceda de conformidad con la ley». El templo será derribado en los meses siguientes.