«No se establecerán nuevas Asociaciones pertenecientes a Órdenes o Congregaciones religiosas canónicamente reconocidas, sin la autorización del Ministerio de la Gracia y Justicia». Esta frase, artículo único de la popularmente conocida como Ley del Candado, entrará en vigor en diciembre de 1910, bajo el impulso del Gobierno presidido por José Canalejas, quien dos años después sería asesinado en plena Puerta del Sol de Madrid. La iniciativa despierta en los meses previos una gran contestación por parte del clero, que acusa al presidente de masón, en una campaña liderada por el periodista y sacerdote Ángel Herrera Oria, presidente de la Asociación Católico-Nacional de Jóvenes Propagandistas (ACNdJP) -hoy ACdP– y a través de su diario El Debate.

El último día de septiembre de ese mismo año, se habla en todo el país de los preparativos de las grandes manifestaciones previstas para ese mismo domingo contra la iniciativa gubernamental. En nuestra provincia, Heraldo de Castellón se hace eco de los preparativos para alojar a más de «trescientos guardias» civiles y sus respectivos capitanes y subalternos, lo que da «bastante» trabajo al Ayuntamiento de la capital. Así, se explica que «setenta» guardias «han sido alojados por los alrededores de la plaza de toros y, el resto, en la plaza del Rey, calle de la Cantarería [actual calle Echegaray] y demás vías circunvecinas».

El lunes 3 de octubre, el periódico publica una amplia crónica sobre el balance de la manifestación del domingo en Castellón ciudad, que comienza pasadas las 10 de la mañana y a cuyo frente «iban los señores Arcipreste de Santa María, doctor Montaner, que la presidió; el cura de la Purísima Sangre, don Juan B. Martínez, alma del movimiento clerical de ayer; el señor Barón de la Puebla [Fernando de Vallés y Grau], que suele pasar algunos días del verano en Castellón y el letrado don Manuel Bellido«.

Al paso por la calle Mayor, acceden al gobierno civil varios manifestantes para entregar al gobernador Eduardo García Bajo y Guillón «un Mensaje de protesta contra la conducta laica del actual gobierno». El poncio, por su parte, celebra la «cordura» de los «elementos liberales», contribuyendo al ejercicio del derecho de manifestación en ese día. No obstante, después se producen incidentes en la plaza de la Paz, con algún tumulto, y después también en la calle Mayor, entre grupos de diferentes tendencias políticas: «tras de unas cuantas palabras gruesas se blandieron los garrotes, resultando un individuo con la cabeza herida». «La refriega de mayor importancia -añade Heraldo– ocurre frente a la propia redacción del periódico, «escapando con vida, por un verdadero milagro, el inspector de policía señor Amat a quien le amartilló su revólver un clerical de Burriana que se conoce que iba a todo«. La conclusión del diario: «nosotros no diremos, como otros, que Castellón no es católico. No; Castellón es católico sin dejar de ser por eso, profundo, eminentemente liberal. Lo que no es Castellón, según el resultado del acto de ayer, es clerical».