En busca de «una persona que pueda conseguir de la delegación de Hacienda en esta provincia, el que ultime y dé curso debido a unos 50 expedientes» que llevaban 20 años por tramitar, aparecía este anuncio en abril de 1889 en el autodenominado periódico democrático progresista El Clamor de Castellón. En el reclamo se anunciaba entre exclamaciones un «premio a la influencia» de nada menos que «el 50 por 100 de los derechos que la ley concede al interesado, tan pronto como se efectúe el cobro».

Según la denuncia implícita en la nota publicada, se trataba de expedientes de fincas que llevaban dos décadas esperando ser tramitadas en la sección de Propiedades de la delegación ministerial, «habiéndose enagenado posteriormente algunas de las fincas á que los mismos hacen referencia bajo procedencia distinta a la que pertenecen». Es decir, que según la denuncia habían sido vendidas sin llegar a ser inscritas a nombre de sus verdaderos propietarios. Además, se encargaba al destinatario de la recompensa que se atendiese un recurso de alzada supuestamente devuelto por el ministro de Hacienda del momento, el recién nombrado Raimundo Fernández Villaverde.

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